La escasez de combustibles, reflejada en largas filas de vehículos en los surtidores y cisternas paradas desde finales de febrero, ha generado preocupación en distintos sectores. Esta crisis llevó al Comité pro Santa Cruz a convocar para hoy a una reunión de emergencia con representantes de las 15 provincias y sectores productivos para definir medidas de presión. El Gobierno asegura que trabaja en gestionar recursos para financiar el pago de carburantes.

“Estamos haciendo las gestiones para garantizar el pago de los combustibles, pero seguimos pagando la deuda externa y, al mismo tiempo, tenemos cerrada la llave del financiamiento externo por un bloqueo político en la Asamblea”, sostuvo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ante la molestia ciudadana por la crisis de abastecimiento.

Además, señaló que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene “bloqueados por caprichos políticos” créditos externos por 1.600 millones de dólares, fondos que, según el Gobierno, precisamente, son clave para garantizar la compra de combustibles. 

Según datos oficiales, más del 50% de la gasolina que consume el país es importada, mientras que el 86% del diésel también proviene del exterior. Para sostener este esquema, el Estado destina aproximadamente $us 56 millones semanales solo para subvencionarlos

El Gobierno liberó la importación de carburantes, respondiendo a una demanda del sector agroindustrial privado, que requiere asegurar el diésel para la cosecha y el transporte de granos. Sin embargo, la liberación no soluciona el problema de fondo: la falta de dólares disponibles para realizar los pagos internacionales.

Aprestos 

El Transporte Pesado advirtió que iniciará movilizaciones a escala nacional desde el 15 de marzo si el Gobierno de Luis Arce no garantiza el abastecimiento de carburantes. Por su parte, el Transporte Urbano de Santa Cruz evaluará este viernes la posibilidad de declarar un paro indefinido, tras denunciar que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) admitió en una reunión que el Gobierno no cuenta con recursos suficientes para la compra de diésel.

Además, Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, fue enfático al afirmar que Bolivia atraviesa un colapso económico, ya que la falta de combustibles y dólares pone en riesgo la cosecha de soya, que alcanza a 2,5 millones de toneladas. Según el cívico, este panorama podría desencadenar una crisis alimentaria.

“Esta crisis alimentaria es responsabilidad de Arce y su gabinete. ¿Dónde está Marcelo Montenegro para hacer aparecer la plata? ¿Dónde está Armin Dorgathen? Queremos saber si están trabajando o si ya dieron por terminado su gobierno, porque hoy vivimos la crisis de combustibles y mañana viviremos la de alimentos”, cuestionó Cochamanidis.

Por esta razón, la nueva directiva cívica convocó para este jueves 6 de marzo a una reunión de directorio con líderes de instituciones, provincias, distritos y sectores productivos. En el encuentro se analizarán acciones ante lo que califican como un “inminente colapso económico”, marcado por la falta de combustible, restricciones a las exportaciones, escasez de dólares, alza de precios en la canasta familiar y el riesgo de una crisis alimentaria.

“La participación de todos será clave para tomar decisiones. No descartamos ninguna medida, y el único tema central es la crisis de los combustibles”, aseguró Cochamanidis.

El diputado del MAS y afín a Arce, Hernán Hinojosa, pidió a los cívicos no politizar la escasez de combustibles ni usarla como pretexto para promover movilizaciones desde Santa Cruz. Sin embargo, lamentó que desde la propia YPFB se estén brindando argumentos a la oposición para que salga a las calles.

Plantean paro nacional

Domingo Ramos, representante del Transporte Pesado, declaró al programa 360 de El Deber que dieron un plazo de 72 horas al Gobierno para normalizar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. Si no hay soluciones, el sector se unirá a empresarios privados, productores, transporte urbano y la población afectada por la falta de gasolina y diésel para definir medidas conjuntas, que comenzarían el sábado 15 de marzo.

“Este Gobierno tiene que buscar soluciones. En Cochabamba hay una gran cantidad de vehículos indocumentados que no pagan impuestos y consumen nuestro combustible con total impunidad, bajo la mirada pasiva de la Policía Boliviana. Sin embargo, a nosotros sí nos exigen impuestos. Es hora de decirles basta: trabajen o váyanse a sus casas”, expresó Ramos.

El dirigente advirtió que el transporte pesado está en estado de emergencia, ya que la falta de carburantes ha reducido su actividad económica a menos del 20%.

En esa misma línea, Marcelo Cruz, presidente de la Asociación Departamental de Transporte Pesado de Santa Cruz, planteó que la reunión cívica defina un paro nacional desde mediados de marzo, pero con objetivos concretos.

“Esta lucha no es solo del transporte, afecta a todos. No podemos ir a la movilización a improvisar, hay que tener objetivos claros”, remarcó Cruz.

Medidas creativas 

Édgar Álvarez, representante de los gremialistas en Santa Cruz, coincidió en que se deben definir medidas creativas para que la población exprese su rechazo hacia el presidente Arce por la falta de combustibles. Recordó que su sector ya tiene prevista una movilización en la quincena de marzo para exigir la derogación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado.

“En un año el Gobierno no ha podido resolver el conflicto y la situación solo ha empeorado. Ya ni siquiera intentan soluciones reales, solo justifican lo que pasa”, cuestionó Álvarez.

Para el dirigente gremial, la crisis es insostenible e intolerable. Por ello, reafirmó su postura de que Arce culmine con su mandato "y se vaya a su casa". Otras voces sugieren adelantar las elecciones generales ante el agravamiento de la situación económica.