La crisis ya se hizo sentir en dos pilares fundamentales del Estado: la justicia y la seguridad. Mientras el Órgano Judicial se declaró en emergencia presupuestaria por el recorte de recursos que amenaza su operatividad, la Policía en Santa Cruz ha tenido que reducir patrullajes debido a la escasez de combustible que afecta su capacidad de respuesta.

Las principales autoridades del Órgano Judicial anunciaron ayer la declaratoria de emergencia presupuestaria tras una decisión unánime entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. En una conferencia de prensa, los presidentes de estas altas cortes manifestaron su preocupación por la drástica reducción del presupuesto asignado y su impacto en la administración de justicia.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo Gómez, había alertado que el presupuesto asignado es Bs 140 millones es menor que en gestiones anteriores, lo que compromete seriamente la operatividad del Órgano Judicial. “No podemos hablar de una reforma normativa si no contamos con un presupuesto adecuado”, enfatizó.

“Además, hemos planteado ante la Comisión 898 la necesidad de que se reconozca esta emergencia presupuestaria. Sería irresponsable hablar de reformas sin los recursos adecuados”, enfatizó.

“El primer punto a abordar ha sido la independencia judicial, pero también es imperioso tratar el tema del presupuesto”, señaló el presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Méndez Rosales.

Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista Espinoza, insistió en la necesidad de que el presupuesto judicial represente al menos el 3% del Presupuesto General del Estado y que este porcentaje no dependa de asignaciones anuales.

“Esta emergencia presupuestaria debe ser atendida por las instituciones y órganos del Estado para garantizar la independencia judicial y el cumplimiento de las funciones constitucionales del Órgano Judicial”, sostuvo.

Las autoridades también anunciaron que no volverán a participar de reuniones convocadas por la Comisión 898, pues consideran que ha cumplido su ciclo y que es necesario explorar nuevas alternativas para reformar el sistema de justicia y responder a las necesidades de la ciudadanía.

La falta de recursos y las deficiencias estructurales han alejado a la justicia de la ciudadanía. En 2022, tras una visita oficial a Bolivia, el relator especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados, quien era entonces Diego García Sayán, concluyó que “la justicia está lejos de la gente”. Advirtió que construir un sistema judicial independiente y accesible sigue siendo un desafío fundamental para la sociedad boliviana.

Patrullajes reducidos

A la crisis en la justicia se suma otro problema que afecta la seguridad ciudadana. En Santa Cruz, la escasez de carburantes ha impactado directamente en el funcionamiento de la Policía, limitando los patrullajes y la atención de emergencias.

El comandante departamental de la Policía, Rolando Rojas, informó que las unidades policiales han tenido que priorizar ciertas actividades esenciales debido a la falta de combustible. “Nos vemos afectados por esta escasez, pero estamos tomando los recaudos necesarios para garantizar la continuidad de nuestros servicios”, explicó.

Aunque no especificó la magnitud del impacto, reconoció que la falta de carburantes afecta principalmente a los patrullajes y operativos de auxilio, lo que podría traducirse en una menor capacidad de respuesta ante hechos delictivos y emergencias.

El desabastecimiento de combustibles ha generado largas filas en las estaciones de servicio, aumentando la frustración de los ciudadanos. La llegada de vehículos policiales a los surtidores ha generado malestar entre los conductores, lo que ha provocado situaciones de tensión.

Rojas pidió “máxima coherencia” a la población y tolerancia ante esta situación, recordando que la Policía necesita combustible para seguir prestando servicios de seguridad.

Autoridades locales habían señalado que el problema radica en dificultades logísticas en la distribución de combustibles, mientras que el Gobierno aseguró que trabaja en soluciones para normalizar el abastecimiento en el departamento. Ayer, el presidente de la estatal petrolera YPFB señaló que el problema central está vinculado a la falta de divisas y a los pagos que hizo el Estado para amortizar la deuda externa.

Este mes no ingresó nada por créditos. Entonces los gastos de todos los dólares se fueron a cubrir eso. ¿Por qué es importante cubrir eso? Porque si no cubrimos eso, en el futuro los organismos internacionales no te van a dar dólares tampoco. Por eso es importante cubrir esos créditos”, subrayó.