Antes de que las posiciones de Samuel Doria Medina y Jorge, 'Tuto' Quiroga se distancien más, todos los miembros del bloque opositor de unidad fueron llamados a una reunión en La Paz.

Fuentes allegadas a ambos precandidatos confirmaron la presencia de Quiroga y de Doria Medina, además del resto de los miembros de este bloque.

El encuentro se realizará un día después de que se acabara el levantamiento de datos en dos encuestas para definir quién será el candidato de consenso y después de que Tuto planteara que el sondeo de opinión se desarrolle más adelante y con aval del Órgano Electoral.

La tensión interna tomó vuelo desde el pasado jueves, cuando Quiroga se hizo a un lado de las encuestas, bajo el argumento de que cualquier filtración de resultados puede acabar con el inhabilitación del candidato.

En el encuentro de hoy, martes 8 de abril, se pondrán sobre la mesa las dos posturas: la de Doria Medina, que insistió en la realización de la encuesta para cumplir la palabra empeñada, que entonces buscará que se respeten los datos de la encuesta. y la de Quiroga, que propone posponer la encuesta para cumplir la ley.

La norma electoral total señala que las encuestas con fines de divulgación deben ser supervisadas por el tribunal electoral, pero no las que tienen un objetivo privado. Los voceros del bloque de unidad dejaron claro que no harán públicos los resultados y que solo dirán quién fue elegido candidato único.

Sentencia Constitucional impide inhabilitar partidos o candidatos por la difusión irregular de encuestas

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi afirmó que una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) impide a esa institución inhabilitar a los candidatos por la difusión irregular de encuestas.  

“Estamos imposibilitados, en este proceso electoral, por el tema de encuestas, de inhabilitar a un partido político o candidato”, dijo en relación con la Sentencia Constitucional Plurinacional 0015/2021, emitida el 17 de marzo de 2021.

Esta sentencia resolvió declarar “la inconstitucionalidad del art. 136.III de la Ley del Régimen Electoral, por ser contrario al debido proceso, en sus elementos de los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia…”.

Es decir, deja sin efecto el que: "organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán sancionadas con una multa equivalente al doble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de difusión en el Órgano Electoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a la difusión de tales estudios".